Omitir vínculos de navegaciónHome : Número Uno - Agosto 2007 : Ejecución Penal
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Ejecución Penal

Salidas transitorias: ¿derecho o gracia?

Tamara L. Ortenzi y Gabriela A. Maceda
(Abogadas)

I - Introducción
En el presente trabajo, comentaremos dos pronunciamientos del Tribunal Oral en lo Criminal Federal nro. 5 de la ciudad de San Martín referentes a la solicitud de salidas transitorias, y la resolución de la Sala IV de la Cámara Nacional de Casación Penal, finalmente recaída.
La temática que nos parece de interés, es la particular situación procesal del condenado, quien habiendo dado cumplimiento a las condiciones exigidas para obtener las salidas transitorias, le fueron denegadas.
Previo a comentar las enunciadas resoluciones, consideramos de utilidad realizar algunas reflexiones respecto de la  ley 24.660 y su progresividad.

I.a) - Alcance de la ley 24.660. Régimen progresivo.
En razón de las normas en las que se funda el instituto de las salidas transitorias, resulta indispensable para una correcta interpretación, dejar de resalto que nuestro régimen penitenciario ya desde el año 1933 al sancionarse la ley 11.833 - primera de Organización Carcelaria y Régimen de la Pena-, se sustenta en la progresividad, dirección que ha sido mantenida con la sanción de la Ley Penitenciaria Nacional (Dec-Ley 412/1958, Ratificado por Ley 14.467) y naturalmente prevista por la Ley 24.660 expresamente en su artículo 6º al establecer que "El régimen penitenciario se basará en la progresividad...", sobre lo cual corresponde interpretar ello, en sentido de procurar una paulatina reinserción social del interno.
Marcos Salt señala que "a medida que transcurre la ejecución, la pena sufre modificaciones de importancia en sus condiciones de cumplimiento e, incluso, es posible que el condenado consiga acortar el tiempo de duración del encierro... No cabe duda que este proceso de determinación de la pena durante la ejecución, el denominado régimen progresivo tiene fundamental importancia en la medida en que las resoluciones sobre sus avances y retrocesos constituyen siempre modificaciones sustanciales de las condiciones cualitativas de la pena"[1]
La naturaleza de este instituto es lograr la atenuación paulatina de las condiciones de encierro, a fin de evitar en el interno un reintegro traumático a la vida extramuros. Ello teniendo en cuenta que el espíritu de la ley de ejecución penal determina que es necesario que toda persona condenada transite previamente por una fase que le permita la reinserción gradual a la vida libre pudiendo afianzar sus lazos familiares y sociales, en virtud de que ellas deben contar con un régimen  de privación de la libertad más flexible y que se adecue al fin de la pena previsto en la ley 24.660.[2]
En definitiva, corresponde tener presente el significado de la resocialización como fin de la ejecución penal en nuestro sistema normativo.
Desde luego, este fin de la ejecución también incluido en nuestra Constitución Nacional desde 1853 en su art. 18, y que ha sido ratificado por el constituyente al reformar la Carta Fundamental en el año 1994, dándole jerarquía constitucional a los Tratados Internacionales de Derechos Humanos que incorporó, y que también comprenden dicho fin, implicando la obligación del Estado, a través de sus órganos competentes, de posibilitar al condenado su reinserción social y ello, no puede llevarse a cabo sin una paulatina incorporación del interno a ámbitos que le permitan adquirir del mismo modo la libertad y los derechos que le fueran restringidos al ser condenado.-

I.b).- Sobre el principio de judicialización.
Asimismo es menester destacar para una cabal interpretación del presente planteo, que el adelanto que nos proporciona la sanción de la legislación citada, resulta ser la incorporación del principio de judicialización en la ejecución de la pena; ello, como consecuencia de la concepción que entiende una modificación en la pena impuesta al momento de llevarse a cabo su ejecución.
Si bien la Ley Penitenciaria Nacional (Dec-Ley 412/58 ratificada por la Ley 14.467) previó las facultades de la autoridad penitenciaria y las del órgano judicial, en la que el rol de la administración resultaba decisivo, a partir del año 1996 nos encontramos con la inteligente innovación que presenta la normativa de la ley 24.660, que mediante su cabal aplicación permite abolir la inseguridad jurídica que en la etapa de ejecución se genera al dotar a la administración de un ámbito de arbitrariedad y discrecionalidad, que se traduce principalmente, en los límites impuestos al ejercicio de determinados derechos de las personas privadas de su libertad, fundamentalmente al tratarse de decisiones trascendentes que hacen a la recuperación paulatina de la libertad y derechos conculcados de los condenados, en los que el derecho de defensa del interno se encontraba ausente, siendo ello más que suficiente para la actuación activa del órgano jurisdiccional.
Lo expuesto es lo que mejor se adecua a un verdadero Estado de Derecho, ya que el principio republicano consagrado en la normativa del artículo 1 de la Constitución Nacional impone la división de poderes, de modo que no es posible legalmente permitir a la administración que se arrogue facultades legislativas ni judiciales.
Frente a este escenario, susceptible de arbitrariedad, la doctrina sostiene que "La única manera de mitigar este efecto dentro del sistema legal vigente es garantizando que este tipo de decisiones, que implican un cambio sustancial de las condiciones de cumplimiento de la pena, sean dispuestas por un juez en el marco de un proceso respetuoso de las garantías del proceso penal con amplia posibilidad de que el condenado ejerza su derecho de defensa"[3].
Todo ello nos lleva a sostener la importancia y obligatoriedad de la actuación del órgano jurisdiccional en esta etapa, cuyo ejercicio debe implicar algo más que un mero contralor, es decir: debe suponer una intervención activa con todas las garantías que el proceso penal impone al momento de resolver las cuestiones planteadas ante el Juez de Ejecución. Debe primar entonces el principio de judicialización y esta garantía surge claramente de la normativa de los artículos 3 y 4 de la Ley de Ejecución de la Pena, por lo que resulta indispensable volver al propósito del legislador al sancionar la ley que tratamos, en cuanto a la incorporación del tan necesario principio de judicialización  en esta etapa final del proceso.

I.- c) El principio constitucional de legalidad.
El principio de Legalidad debe encontrarse vigente en cualquier sistema que pretenda ajustarse al Estado de Derecho.
Nosotros lo encontramos en el art. 18 de nuestra Ley Fundamental y normas concordantes de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos con jerarquía constitucional -art. 75 inc. 22 CN-, el que exige que "nadie podrá ser juzgado sin juicio previo, fundado en ley anterior al hecho del proceso".
Ello implica que el principio exige -para sancionar a un ciudadano- una ley, anterior al hecho por el cual la persona es sometida a proceso.
Requiere una definición de la sanción, tales como la escala penal con las que cuentan nuestros tipos penales previstos en el Código Penal, empero también, debe existir con anterioridad, una ley que establezca acerca del modo en que dicha sanción deberá cumplirse, en palabras de Marcos Salt, "acerca de las características cualitativas de la pena".
También contamos con una ley que en materia de ejecución, establece la forma en que una sanción privativa de libertad llevará a cabo su cumplimiento, y del mismo modo, otorga a los condenados, "beneficios" que preferimos llamar derechos.
Pero a lo largo de la ejecución de la pena, se suscitan diversos acontecimientos como los que desarrollaremos a continuación, que frustran el ejercicio de los derechos, que la ley de ejecución penal establece para los condenados a pena privativa de libertad.
Esos acontecimientos, como consecuencia de la conducta tanto de la administración como del órgano jurisdiccional, y en los que nada tienen influencia las personas condenadas, pueden derivar en la afectación de los derechos que la ley 24.660 les otorga, o por lo menos, no podrán ejercerlos oportunamente.-
Uno de los hechos a los que nos referimos, lo constituye, por ejemplo,  la falta o tardío envío a las autoridades penitenciarias por parte del órgano judicial  del testimonio de sentencia condenatoria que habilita a cambiar la cualidad de procesado por la de condenado.
Situaciones como la expuesta a manera de ejemplo, pueden derivar en la conversión de los derechos en ilusorios, por circunstancias meramente administrativas. Entendemos que la ley de ejecución debe ser aplicada como un todo, ello a fin de escapar de los vericuetos traicioneros de la burocracia.
De este modo, durante la etapa de ejecución, la persona que se encuentra cumpliendo la sanción de encierro que le fuera impuesta, descubre nuevas causales que no le permitirán ejercer su derecho, las que no se encuentran previstas en la legislación vigente y anterior al hecho por el que fue condenado, dando lugar a una  marcada violación al principio constitucional de legalidad, como se expuso anteriormente.
Si bien es legal y constitucionalmente válido que el juez de ejecución tiene la facultad de decidir en relación con el otorgamiento del instituto de salidas transitorias, de igual modo resulta claro que en la etapa de ejecución de la pena continúa vigente el principio de legalidad y dicho magistrado solo podrá legítimamente denegar la atenuación del rigor de la pena si no se cumplieran los requisitos legales exigidos. Ello, teniendo en cuenta que el principio de legalidad exige no solo la determinación de la conducta delictiva, sino también de la pena, tanto en cantidad como en calidad.


II. El caso en Análisis
a. Hechos                       
La Defensa Oficial solicitó las salidas transitorias del Sr. L.A.,P., las que fueron denegadas por el Sr. Juez de Ejecución, en razón de que el Servicio Criminológico de la Unidad en la que se alojaba el nombrado se expidió en forma negativa.
El 7 de noviembre de 2003 la defensa actuante solicitó nuevamente la incorporación al régimen de salidas transitorias en favor de L.A.,P. ya que el nombrado cumplía con los requisitos exigidos por la legislación vigente (art. 17 de la ley 24.660, -mitad de la condena, Período de Prueba, con informe positivo del servicio Criminológico de la Unidad nro. 2 del Servicio Penitenciario Federal).
El Sr. Fiscal General afectado al caso, manifestó que no tenía objeciones al otorgamiento del beneficio solicitado, con sustento en lo establecido por la normativa del artículo 28.I. a del Decreto 396/99.
No obstante ello, el Sr. Juez de Ejecución, denegó el pedido de incorporación al régimen de salidas transitorias, teniendo en consideración para ello el largo término que restaba para que opere el vencimiento de la pena única. En tal oportunidad, el magistrado entendió que si concedía el beneficio solicitado, se desnaturalizaría el cumplimiento de la severa pena impuesta, con el agravante de su posible quebrantamiento.
Ante ello, la defensa presentó un recurso de reposición contra la denegatoria mencionada.
Con posterioridad, obra una nueva solicitud de la defensa, en la que peticionó, una vez más, que se le permitiera ejercer a L.A.,P. su derecho a las salidas transitorias.
Recibidos los informes pertinentes, el día 30 de enero de 2004, el Tribunal de feria actuante entendió que en virtud de que L.A., P. cumplía con la totalidad de los requisitos exigidos para acceder a las salidas transitorias, se podía hacer lugar a estas.-
Sin embargo, nuevamente se decidió en un sentido contrario: "...cabe destacar que los Tribunales de Feria no son, en modo alguno, alzada ni órgano revisor de las decisiones de sus pares, salvo que se incorporara al legajo, alguna nueva pieza de convicción distinta de las ya tenidas en cuenta por el Juez anterior, y que entrañe  un cambio tal en la situación bajo análisis , que justifique reexaminar la adecuación de la nueva solicitud."....Resolviendo "NO HACER LUGAR a la solicitud de SALIDAS TRANSITORIAS solicitadas por L.A., P."  (de la decisión del Sr. Juez de Ejecución actuante, Dr. De Korvez , obrante a fs. 272 y sgtes., del día 30/1/2004).
Más allá de ello, la defensa decidió nuevamente realizar el pedido:
El 27 de febrero del año 2004 hizo una nueva presentación a fin de lograr que se concrete el derecho de L.A., P. a las salidas transitorias. Cabe aclarar que a la fecha un nuevo juez de ejecución aparecía en escena, en virtud de que el magistrado actuante desde el inicio decidió excusarse en fecha 23 de febrero de 2004.- 
En el nuevo reclamo, la defensa informó nuevamente al Sr. juez actuante que desde el día 9 de julio de 1998 L.A., P. cumplía con todos los requisitos exigidos por la ley de ejecución penal para la aplicación del instituto peticionado, encontrándose el condenado incorporado al Período de Prueba del Régimen de Progresividad de la Pena,  gozando de muy buen concepto y conducta, y que trabajaba en el establecimiento en el que se encontraba alojado, expidiéndose el Servicio Penitenciario -una vez más- en sentido favorable a los egresos anticipados solicitados.
Sin embargo, el Sr. Fiscal General, en esta oportunidad, entendió que no correspondía revisar la situación del condenado debido al escaso tiempo transcurrido desde el último decisorio, a pesar de que éste último había sido resuelto por el Juez de un modo adverso a la opinión que él había mantenido en esa oportunidad.
Finalmente el Juez de Ejecución resolvió en el sentido anunciado previamente, es decir, impidiendo la concreción del derecho de L.A., P. a su porción de libertad.
Atento a ello, la defensa puso en crisis la resolución del Juez de ejecución deduciendo el recurso de casación pertinente por inobservancia de la ley adjetiva y errónea aplicación de la ley sustantiva, por cuanto consideró que ha existido una clara trasgresión a las normas insertas en los artículos 18 y 75 inc. 22 de la C.N.; artículos 5, 6 y 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos; artículo 10.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; artículos 1, 2, 3, 4, 6 y 100 al 104 de la Ley 24.660 y c.c. del Reglamento de las Modalidades Básicas de la Ejecución de la Pena .-

b- La solución adoptada
Los señores jueces de la Sala IV de la Cámara Nacional de Casación Penal, en fecha 30 de noviembre de 2004, resolvieron hacer lugar al recurso de casación planteado por la defensa de L.A.,P., en virtud de que la resolución en análisis carecía de fundamentos, es decir contenido racional y jurídico. Consecuentemente, los Sres. Jueces actuantes decidieron anular la resolución cuestionada reenviando lo dictaminado al Tribunal de origen para que dicte un fallo de acuerdo a lo expresado en su sentencia.-
Cabe aclarar que el Dr. Hornos, en su voto, expresó su entendimiento en sentido contrario al de sus colegas en referencia al reenvío en virtud del "principio de celeridad procesal y el fundamento mismo del instituto que reclama el interno -que se dirige, ... a facilitar y mejorar su reinserción al ambiente familiar y social".-

III.- Punto de vista critico
a. Resolución del juez de ejecución

Sostuvo la defensa que la resolución que se cuestiona ostentó dos fundamentos que implicaron una motivación solo aparente. Ellos son: el tiempo restante para el vencimiento de la pena y su posible quebrantamiento.
Respecto del primero, es dable advertir que el legislador, ya desde el año 1958 -teniendo en cuenta que el instituto estaba previsto en la Ley Penitenciaria Nacional- se expresó respecto de los plazos de otorgamiento de las salidas transitorias, por lo que la consideración de tipo general fue una mera evaluación personal del juzgador en relación del mérito de la ley, que no resiste la más elemental lectura dogmática.
Es dable advertir, en relación al segundo fundamento, relativo al eventual "quebrantamiento de la pena", que ella se inscribe en una posición de eventualidades o aleas incontrastables, presentes en cualquier ámbito existencial. Ciertamente el interno podría haberla quebrantado, pero nada lo hacía suponer y no existía dato de la realidad alguno que hiciera ello previsible.-  Visto los extremos cumplidos uno a uno por el penado, no se trata el reclamo de una concesión de beneficio sujeta a discreción, sino la concreción de un derecho al que el condenado se ha hecho acreedor.

a.1) Principio de Progresividad
Cabe recordar, el carácter imperativo del principio de progresividad del régimen de ejecución de la pena (art. 6 ley 24.660) y el consecuente e inmediato principio de resocialización.
La normativa del art. 1 de la Ley 24.660 claramente expresa: "...la ejecución de la pena privativa de la libertad, en todas sus modalidades, tiene por finalidad lograr que el condenado adquiera la capacidad de comprender y respetar la ley procurando su adecuada reinserción social promoviendo la comprensión y el apoyo de la sociedad. El principio de resocialización de mínima o reinserción social adoptado por la ley interna deviene imperativo en nuestra jurisdicción ello teniendo en cuenta que la normativa del art. 75 inc. 22 de nuestra Ley Fundamental otorga jerarquía constitucional a los Tratados de Derechos Humanos entre ellos la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
De ello surge claramente que el principio en análisis  se encuentra contemplado dentro del fin primordial de la pena (art. 5.6 de la Convención Americana de Derechos Humanos) y también como imperativo para los Estados signatario en orden al fin de ejecución de la pena (art. 10.3 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos).
En esa dirección, el principio de la Progresividad del Régimen- art. 6, Ley 24.660-, imperante en nuestra ejecución penal- en tanto prevé la atenuación del rigor de la pena impuesta y la reinserción gradual y paulatina del interno- encuentra relación intrínseca con lo anterior. De tal modo, entendemos, siguiendo el criterio de doctrina especializada en el tema, que no debería desconocerse el carácter de imperativo constitucional que presenta el principio de Progresividad del Régimen en tanto implica la materialización del principio de resocialización.[4]

a.2) Transgresión al derecho a la libertad ambulatoria (arts. 18 y 75 CN).
Si bien la resolución en crisis detenta demasiados defectos, uno de los más trascendentes, a la hora de evaluar la situación de L.A., P. es la temporaria privación de la libertad que en virtud de todo lo expuesto anteriormente deviene ilegal.
Es dable advertir que el penado sufrió un "plus" de encierro que derivó en la consecuencia más gravosa de su situación.
Debe recordarse que tal privación implica consecuencias negativas a la reinserción social del condenado, que según la normativa interamericana debe ser el fin primordial de la aplicación de la pena privativa de la libertad (art. 5 inc. 6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos).
En este sentido, reiteramos que esta nueva "privación de libertad" dentro de la "privación de libertad" impuesta por la sentencia condenatoria es ilegal, toda vez que transgrede lo dispuesto por la norma 7.2 de la mencionada CONVENCION.

b. Resolución de la Camara Nacional de Casación Penal
La Sala IV de la Cámara de Casación resolvió a favor de L.A., P. al hacer lugar al remedio interpuesto por la defensa oficial, anulando la sentencia del Juez de Ejecución, y ordenando el consecuente reenvío para que éste dicte un nuevo fallo que le permitiera al penado concretar su derecho a las salidas transitorias.
Así, con fecha 21 de diciembre de 2004 el Sr. Juez de Ejecución resolvió incorporar a L.A., P. al instituto mencionado, en virtud de lo expuesto por la Excelentísima Cámara de Casación, más allá de que expresó la clara reserva de su criterio.
En el caso, si bien entendemos que la Resolución de la Casación fue conforme a derecho, nuestra opinión, se suma a lo expuesto por el Juez Hornos en su voto, quien expresó claramente que la Casación debía resolver la situación de L. A. P. sin más trámite. Ello, en razón del principio de celeridad procesal y el fundamento propio del instituto en juego, el que se orienta - tal como lo desarrolláramos anteriormente- a proporcionar y convalecer la reinserción paulatina al núcleo familiar y social del condenado. La  libertad es un derecho, de raigambre constitucional, que resulta innato a nuestro ordenamiento jurídico. Esto se evidencia, al advertir que el condenado concretó su derecho aproximadamente un mes después de haber obtenido de la Alzada una resolución a su favor.
Por lo expuesto, entendemos que en este caso la Casación debería haber resuelto el caso sin reenvío, desde que se ha interpuesto el remedio casatorio poniendo en crisis la resolución del juez de ejecución por errónea aplicación de la ley sustantiva, y nuestro sistema (art. 470 CPPN) faculta al tribunal superior la función positiva permitiéndole para aplicar concretamente la norma debida al caso sometido a su decisión a la manera de una tercera vía "in iure" evitando la formalidad del reenvío y haciendo efectivo el principio de celeridad procesal, máxime teniendo en cuenta que uno de los efectos de la sentencia del tribunal de casación resulta ser la concreción de las salidas transitorias del penado, lo que se traduce en la obtención paulatina de porciones de libertad, ni más, ni menos.
Sostiene la doctrina al respecto que "Cuando por efecto de la sentencia deba cesar la detención del imputado, el tribunal ordenará directamente su libertad (art. 473). En virtud del valor supremo que la ley reconoce a la libertad del hombre, y a que ella no puede ser coartada más allá de las exigencias o condiciones de la ley, el art. 473 introduce aquí una excepción justificada a la regla a que antes aludimos, según la cual el tribunal de casación se limita a emitir su declaración sobre el recurso correspondiendo la ejecución al tribunal que pronunció la sentencia de mérito. Esta parcial ejecución se reduce a la sola emisión de la orden de libertad; en todo lo demás -inclusive, en su caso, el régimen y control de esa libertad (si fuera, v.gr., libertad condicional)- la ejecución compete al tribunal de ejecución (art. 490)."[5]
La Casación tuvo la posibilidad de sentar criterios, y debería haber sido la solución más acorde a derecho a fin de no afectar el principio de celeridad que rige en nuestro sistema procesal penal.

IV.- Conclusión
Sabido es que la pena debe estar legalmente determinada en su "quantum" y forma. El Principio de Legalidad, es justamente la garantía de ello, y también exige que las condiciones de cumplimiento de las penas estén sustentadas en normas regidas por los principios del derecho penal material y estas deben ser anteriores al hecho por el que la persona fue condenada, salvo que la nueva normativa resulte más benigna para el condenado.
Así, durante la etapa de ejecución penal la mencionada garantía debe persistir, ya que en este período se resuelven las condiciones concretas de cumplimiento de acuerdo a las regulaciones de la ley penal.. En consecuencia, estas decisiones sobre la determinación del contenido de la pena exigen la garantía de la jurisdicción.
En este aspecto el principio de judicialización no tiene otra implicancia que el respeto al debido proceso en la etapa de la ejecución penal y si bien la aplicación de la Ley 24.660 no es automática, no puede depender de criterios discrecionales del juzgador.
En un Estado respetuoso de la Constitución Nacional Derecho, ante toda restricción de "derechos", es necesario que el órgano jurisdiccional se pronuncie de manera fundada, de modo que su resolución sea una derivación razonada del derecho vigente.
A fin de que las decisiones del juez de ejecución sean válidas y legítimas estas deben dictarse dentro del marco de la sana crítica, el principio de legalidad y el debido proceso
La atenuación del rigor de la pena es ya un  derecho de los internos y no una gracia o "concesión de un beneficio". Todo ello especialmente a partir de la reforma constitucional de 1994, la que no debería desconocerse a los efectos de "repensar" al interno como un sujeto de derechos y no como un súbdito de la administración, lo que se conoce como "Relación de sujeción especial", concepción que caracterizaba la posición del interno frente a la autoridad penitenciaria y que fue modificada por la convicción en cuanto a que respeta al interno como "sujeto de derechos".[6]
Cabe recordar que la norma del art. 7.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que las personas solo pueden ser privadas de su libertad de acuerdo a lo establecido previamente en las constituciones y leyes de los Estados signatarios.
Las personas privadas de libertad deberían concretar su derecho a las salidas transitorias cuando se satisficieren todos los requisitos exigidos legalmente, ya que, la negativa, derivaría en a un perjuicio para el justiciable y esa respuesta estatal resultaría contraria a principios humanos básicos, como el pro homine y pro libertate -obligatorio en nuestra jurisdicción, tal como lo enfatizó la  Corte Suprema de Justicia de la Nación en los conocidos casos "Bramajo"[7] y "Giroldi"[8]- en referencia a la prioridad, normativamente establecida, que presenta una decisión que implica mayor libertad frente a otras y el principio de favor rei -arts. 2 y 3 del CP y arts. 2 y 3 del CPPN.
Pugnamos para que criterios menos paradójicos nos señalen un sendero a seguir, donde los derechos no se tornen  erráticos y el espíritu de un estado respetuoso de la ley fundamental se haga realidad en forma definitiva.

[1] RIVERA BEIRAS, Iñaki; SALT, Marcos Gabriel; Los derechos fundamentales de los reclusos. España y Argentina, Editores Del Puerto, Buenos Aires, año 1999, Pág. 224
[2] La falta de determinación de las penas durante la etapa de ejecución ha sido criticada por destacada doctrina. Ello, en virtud de la afectación del principio de certeza. - Cfr. Ferrajoli, Luigi; Derecho y Razón. Teoría del Garantismo Penal, Ed. Trotta, 1997. Pág. 406 y Pavarini, Massimo; La Negociabilidad de la Pena. Entre la parsimonia y el despilfarro represivo, Tomo I, CDJP, Criminología, teoría y praxis, Ed. Ad Hoc, 2002 y en Prólogo al libro de Iñaki Rivera Beiras y Marcos Gabriel SALT, op. Cit., Pág. 224.
[3] RIVERA BEIRAS, Iñaki; SALT, Marcos Gabriel; op. cit., pág. 175
[4] RIVERA BEIRAS, Iñaki y SALT, Marcos Gabriel Salt; op. Cit., parte relativa a nuestro país.
[5] DE LA RUA Fernando, La Casación Penal. El Recurso de Casación Penal en el Nuevo Código Procesal de la Nación, ED. Depalma, Buenos Aires, año 2000, Pág. 271.
[6] Ver al respecto, RIVERA BEIRAS, Iñaki; La devaluación de los derechos fundamentales de los reclusos. La construcción jurídica de un ciudadano de segunda categoría. El status jurídico de los reclusos, Ed. J.M. Bosch, Barcelona, 1997; y BORJA MAPELLI; Las Relaciones Especiales de Sujeción y el Sistema Penitenciario; Revista de estudios penales y criminológicos nro. XVI, Universidad de Santiago de Compostela, año 1993, España.
[7] L.L. 1996 E, 409, CSJN, 12/9/1996.
[8] L.L. 1995 D, 462, CSJN, 07/04/1995.

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